Bajo el mandato de Juan Canovaca, los socialistas prometieron la construcción de un aparcamiento subterráneo en la antigua parada de autobuses y la remodelación de este espacio. A pesar de la promesa, diversos avatares demoraron el proyecto hasta situarlo en la primera de las dos legislaturas previstas para Manuel León, comenzando las obras paradójicamente en las fechas en la que deberían haberse concluido. En el preceptivo concurso de ideas ya se produjo el primer escándalo al adulterarse las bases del mismo una vez conocido que los ganadores, un grupo de jóvenes arquitectos e ingenieros alcalaínos, que no eran del agrado de los socialistas. El PSOE les retiró el premio concedido y optó por Aconsa, amparándose en tan sorprendentes excusas como la de ser esta una empresa de reconocido prestigio y que con ella se aseguraba el cumplimiento de los plazos previstos (1 año). Recientemente los jueces han dado la razón a los jóvenes denunciantes y al PP, que en el debate sobre la adjudicación de las obras en 2001 ya denunció las incongruencias y presuntas irregularidades que se estaban cometiendo.

La ejecución del aparcamiento comenzó y desde los primeros pasos el retraso fue la tónica general. Mientras tanto, los socialistas reorganizaron el tráfico dejando como única vía de acceso al centro desde la zona sur de la ciudad un carril de la calle Figueras, lo que mantuvo colapsada diariamente la ciudad durante más de tres años. La seguridad de los ciudadanos en el entorno peligró al producirse varias fugas de gas por rotura de tuberías y al no vallarse convenientemente las zonas de paso para peatones como marca la ley, que en numerosas ocasiones hubieron de lidiar con las máquinas para poder atravesar la calle Álamos. Problemas para todos los gustos, como los sufridos por los comerciantes del lugar que veían cómo las ventas de sus negocios disminuían y el PSOE se negaba a compensarlos económicamente a pesar de sus promesas. Quien no tuvo problema alguno fue Aconsa, que no recibió ni el más mínimo tirón de orejas de los socialistas ante los alarmantes retrasos ni la aplicación de las cláusulas del contrato que la penalizaban por sus incumplimientos. Hoy día, Manuel León nos dice que el consistorio mantiene retenida una cantidad de dinero a Aconsa, correspondiente a los honorarios de esta empresa, hasta que no solucione los problemas de humedad que presenta el parking, pero en ningún caso hay compromiso de reclamar una indemnización por el daño realizado tal y como, repetimos, se recoge en el contrato.

Con la parte superior reordenada y abierta al tráfico y con las obras del interior todavía en marcha, los alcalaínos detectamos las primeras deficiencias. Losetas que se levantan a los dos días de ponerse; una grieta atraviesa el adoquinado en la salida de la calle Abad Palomino; bolsas de agua en el nuevo acerado y en los pasos de peatones; las mismas losetas que se levantaron y fueron repuestas se vuelven a levantar a los pocos días; reapertura de zanjas cerradas semanas atrás…, todo eso no fue más que una premonición de lo que poco después descubriríamos en el interior. Filtraciones de agua, regueras, goteras y grietas, junto con el extraño dibujo de algunas plazas que sobre plano y ante los interesados se vendieron, parece ser, con más centímetros de los reales, se destacaron como las excelencias del parking subterráneo, la obra faraónica de Juan Canovaca pero ejecutada por Manuel León, que ya pudo decir que había cortado una cinta durante su legislatura. Y es que esta obra es un cuento de principio a fin o, mejor dicho, una auténtica chapuza que no ha logrado llenar la primera planta en un año de funcionamiento a pesar de las masificaciones de Etnosur o de las fiestas patronales, lo que pone en cuestión la viabilidad del parking y la megalomanía del proyecto y de sus ideólogos.

La administración de la comunidad de propietarios del parking quedó en manos de un gestor ecijano que al poco de recibir la patata caliente optó por devolverla a Alcalá, seguramente por no querer lidiar con propietarios enfadados y con un Ayuntamiento al que no le salían las cuentas. Pero para cuentas las que los alcalaínos debemos hacer para pagar a los legítimos ganadores del concurso de ideas, los del principio del artículo, los aproximados 48.000 euros (8 millones de pesetas) que estimamos deberá abonarles el Ayuntamiento en compensación por la cacicada cometida por el PSOE y apoyada por PA e IU. Por eso en el PP llevamos a pleno el pasado 29 de marzo la cuestión, exigiendo la depuración de responsabilidades entre los que en su día propiciaron la ilegalidad. Queda demostrado en el parking que para los socialistas cada proyecto de envergadura no es más que la ocasión perfecta para mover hilos, aplicar la dedocracia y desplazar a los inesperados, pasando por encima de las necesidades reales del pueblo si hiciera falta y haciéndole pagar de su bolsillo los castigos impuestos por la justicia.

Ahora sólo queda reflexionar y obrar en consecuencia el próximo 27 de mayo.