El Partido Popular de Alcalá la Real ha decidido llevar hasta la Mesa del Parlamento Andaluz la actuación llevada a cabo por el Ayuntamiento de Alcalá la Real en el Muro de la Memoria tras el “silencio administrativo” decretado por la Junta de Andalucía al escrito de denuncia que el concejal Marino Aguilera presentó en la delegación de Cultura de Jaén el pasado 17 de febrero.

La ley ordena a las administraciones a responder en el plazo de tres meses a todo escrito presentado por cualquier ciudadano, algo que en esta ocasión no ha ocurrido y que a juicio del concejal popular “supone una muestra más del uso partidista que hace el PSOE de las instituciones que controla”. Para el PP, es más que evidente que su acción “ha tocado hueso” y que el equipo de gobierno podría haber incurrido en una ilegalidad manifiesta al actuar en un monumento protegido sin contar con el proyecto y la autorización de la administración autonómica, tal y como ordena la ley de patrimonio, habiendo causado, además, daños considerables a la muralla sin que se vea intención alguna de reparar el destrozo.

Ante esta situación de “silencio administrativo”, el Partido Popular alcalaíno ha llevado este asunto a la Mesa del Parlamento Andaluz a través del parlamentario José Enrique Fernández de Moya, quien ha presentado un escrito exponiendo los hechos y preguntando si la Consejería de Cultura ha tenido conocimiento de tales actuaciones, si el Ayuntamiento de Alcalá la Real solicitó el permiso y si le fue concedido.

El Partido Popular de Alcalá la Real espera así conocer la verdad de unos hechos sobre los que el PSOE guarda un “clamoroso silencio” al negarse a responder si siguió los trámites legales.